Traducción de un artículo publicado el jueves en varios
periódicos económicos alemanes, por su corresponsal en España
--------------------------------------------------------------------------
Hoy, 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de
Alemania y España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios,
y donde seguro hablarán sobre las condiciones para poder otorgar
más ayudas financieras a España o a su sistema bancario. En los
dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran
expectación que España espera ahora la decisión que va a tomar el
Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12,
sobre la conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones
derivadas para los alemanes.
En Alemania crece la critica contra la supuesta "mentalidad de
fiesta" de los españoles; en España los medios cada vez son más
negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos
que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos
gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero
España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con
Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.
España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el
sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía
política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin
que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones
políticas. Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles
durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la
administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos,
en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control,
sometiendo a referéndum el modelo de Estado.
Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones,
ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios
del gasto público -234.000 millones frente a 118.000 el Estado en
2011-, excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este
gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y
corrupción totalmente inaceptables. Las razones verdaderas de la
crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver
con salarios demasiado altos -un 60 % de la población ocupada gana
menos de 1.000 euros/mes-, pensiones demasiado altas -la pensión
media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15- o pocas horas
de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España
tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad.
Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes
y gestores de primer nivel.
La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado
inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto
por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías
financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de
control a su servicio. En España no existe separación de poderes,
ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a
los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo
esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del
PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del
país. Además, detrae recursos con los que podrían financiarse
educación y sanidad.
Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de
rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente
politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones
de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el
Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir
pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que
despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero
de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la UE? Es
lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren
que la UE investigue sus cuentas.
Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha
demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un
control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden
solamente representar recortes sociales o subidas brutales de
impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la
excusa de Europa . Se tiene que cambiar más en España que cortar
gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania,
y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden
eliminar. Además, los casos de corrupción resultan tan
escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede
llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado
por personas tan increíblemente venales.
La pasada semana el ministro de Industria Soria -imputado también
por corrupción urbanística en Canarias- acusó al ministro de
Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la
empresa líder de renovables, Abengoa, de la que había sido asesor,
en la nueva regulación de estas energías, que reciben más de
7.000 millones de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que
entregó una carta probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.
No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y
menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes,
con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios
meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50
canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o
4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas
específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos
sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000
millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente
en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.
Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay
dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la
pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio
ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5%
comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo
regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España
está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto
a julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para
poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no
están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal.
El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción,
y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos
gobiernos de España. En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el
déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el
nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era
superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda
precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del
8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas
después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas
y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del
8,7%.
Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba
sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos
días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones
más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120
ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único
que sabemos es que están todas infravaloradas. El déficit real de
2011 puede estar por encima del 11%, y en 2012 se esta gastando el
doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy,
“estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de
convergencia hacia Grecia.
Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos
déficits de representatividad y de democracia que deberían
interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos
evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es
lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas
europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de
que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan
Marshall para toda Europa.
Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y
corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos
jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa
situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de
las más injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media
española está siendo literalmente aniquilada.
Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa
tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que
España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un
sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y
sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar
en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo
conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine
a la nación para varias generaciones.
*Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y
economista;
periódicos económicos alemanes, por su corresponsal en España
--------------------------------------------------------------------------
Hoy, 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de
Alemania y España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios,
y donde seguro hablarán sobre las condiciones para poder otorgar
más ayudas financieras a España o a su sistema bancario. En los
dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran
expectación que España espera ahora la decisión que va a tomar el
Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12,
sobre la conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones
derivadas para los alemanes.
En Alemania crece la critica contra la supuesta "mentalidad de
fiesta" de los españoles; en España los medios cada vez son más
negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos
que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos
gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero
España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con
Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.
España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el
sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía
política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin
que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones
políticas. Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles
durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la
administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos,
en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control,
sometiendo a referéndum el modelo de Estado.
Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones,
ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios
del gasto público -234.000 millones frente a 118.000 el Estado en
2011-, excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este
gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y
corrupción totalmente inaceptables. Las razones verdaderas de la
crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver
con salarios demasiado altos -un 60 % de la población ocupada gana
menos de 1.000 euros/mes-, pensiones demasiado altas -la pensión
media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15- o pocas horas
de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España
tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad.
Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes
y gestores de primer nivel.
La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado
inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto
por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías
financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de
control a su servicio. En España no existe separación de poderes,
ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a
los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo
esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del
PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del
país. Además, detrae recursos con los que podrían financiarse
educación y sanidad.
Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de
rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente
politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones
de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el
Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir
pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que
despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero
de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la UE? Es
lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren
que la UE investigue sus cuentas.
Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha
demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un
control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden
solamente representar recortes sociales o subidas brutales de
impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la
excusa de Europa . Se tiene que cambiar más en España que cortar
gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania,
y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden
eliminar. Además, los casos de corrupción resultan tan
escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede
llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado
por personas tan increíblemente venales.
La pasada semana el ministro de Industria Soria -imputado también
por corrupción urbanística en Canarias- acusó al ministro de
Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la
empresa líder de renovables, Abengoa, de la que había sido asesor,
en la nueva regulación de estas energías, que reciben más de
7.000 millones de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que
entregó una carta probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.
No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y
menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes,
con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios
meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50
canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o
4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas
específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos
sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000
millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente
en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.
Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay
dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la
pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio
ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5%
comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo
regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España
está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto
a julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para
poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no
están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal.
El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción,
y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos
gobiernos de España. En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el
déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el
nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era
superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda
precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del
8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas
después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas
y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del
8,7%.
Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba
sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos
días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones
más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120
ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único
que sabemos es que están todas infravaloradas. El déficit real de
2011 puede estar por encima del 11%, y en 2012 se esta gastando el
doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy,
“estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de
convergencia hacia Grecia.
Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos
déficits de representatividad y de democracia que deberían
interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos
evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es
lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas
europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de
que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan
Marshall para toda Europa.
Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y
corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos
jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa
situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de
las más injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media
española está siendo literalmente aniquilada.
Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa
tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que
España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un
sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y
sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar
en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo
conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine
a la nación para varias generaciones.
*Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y
economista;